Francisca Ramírez, conocida cariñosamente como “Doña Francisca” o “Doña Chica”, nació en 1976 en La Fonseca, Nicaragua. De chiquita, fue testigo de batallas mortales entre los Sandinistas, el gobierno en el poder, y los Contras, grupos armados de derecha. Durante este tiempo, su padre dejó a su madre y Francisca ayudó a mantener a sus nueve hermanos menores vendiendo frutas y verduras en los mercados locales.

Creció para convertirse en una orgullosa campesina, propietaria de su tierra y de camiones que ella y su familia de seis utilizan para transportar y vender cultivos locales en todo el país.

En 2013, su tierra y su vida se vieron amenazadas cuando el gobierno de Nicaragua dio el permiso para que un industrial chino construyera un canal interoceánico que rivalizaría con el Canal de Panamá hacia el norte.  El ancho y profundo canal atravesaría 173 millas de tierra y engulliría el inmenso lago de Nicaragua.

De construirse, el Gran Canal Interoceánico batiría récords mundiales: más del doble de la longitud del Canal de Panamá, y lo suficientemente ancho como para albergar enormes buques portacontenedores de 400.000 toneladas, del tamaño de rascacielos. Costaría 40 mil millones de dólares y generaría un estimado de 5 millones de USD de ingresos al año.

Sin embargo, el proyecto también conduciría a la devastación ambientaly la construcción del canal desplazaría o afectaría a muchas comunidades según Francisca.

Para poder construir el canal el gobierno publicó una ley que fue redactada rápidamente, a puerta cerrada, y sin respetar el derecho de consulta previa. La ley les permitía a las autoridades tomar posesión de propiedades o terrenos en el área necesaria para construir el proyecto. Esto impactaría a unas 100 mil familias campesinas e indígenas. Francisca era una de esas familias.

Según Francisca, los topógrafos chinos pronto ingresaron sin permiso a su tierra para medir el tamaño de su finca.

Para defender sus derechos sobre la tierra y los de sus compañeras y compañeros agricultores, Francisca fundó entonces el Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

“En 2013”, dijo. “Me dediqué a defender los derechos humanos, los derechos a la propiedad privada, el derecho a vivir, el derecho a que se respeten nuestros derechos, el derecho a una vida digna, el derecho a no permitir que una persona decida el futuro de muchos, el derecho a proteger el medio ambiente de aquellos que continúan destruyendo nuestra tierra y nuestra fauna”.

Su primera tarea fue crear círculos de estudio para memorizar y comprender la ley del canal para que las y los campesinos pudieran conocer sus derechos y responsabilizar al gobierno. Si bien el proyecto del canal se suspendió, Francisca y otros buscan derogar la ley del canal para proteger su tierra y sus derechos de posibles futuras amenazas. También se han sumado a otras causas, como la educación de las comunidades sobre sus derechos ligados a la tierra y campañas para la derogación de las leyes que permiten la toma de tierras.

El Consejo organizó docenas de marchas pacíficas en todo el país, exigiendo la derogación de la ley del canal. Como resultado de su trabajo por los derechos humanos, Francisca y su familia han enfrentado  amenazas.Pero ella no tiene miedo.

Se lo dijo a El País: “La verdad es que el miedo que yo más siento es el de dejar de hablar o de luchar por temor a lo que me pueden hacer. Entonces me digo: ‘Si nadie se va a hacer piedra en este mundo, todos vamos a morir’. Y algo que hemos platicado entre nosotros los campesinos es que es mejor morir luchando que morir mendigando y fuera de las tierras que nos pertenecen”.

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