Durante siglos, el pueblo indígena Q’eqchi de El Estor en Guatemala ha dependido de los peces del lago de Izabal como alimento e ingreso para sus familias. 

La pesca es tan importante para la comunidad que celebran a un dios, Chac-Uayab-Xoc, conocido como el Gran Tiburón Demonio, quien creen que protege a los peces del lago y a aquellos que los pescan. En la década de 1960, cuando los precios del níquel estaban en alza, el gobierno concedió licencias a empresas multinacionales que querían explotar y vender el metal en el mercado internacional. El lago y las comunidades aledañas sufrieron. 

La primera mina de la región, Fénix, operada por la Canadian International Nickel Company (INCO), sólo permaneció abierta mientras el níquel fue rentable. Cuando los precios mundiales del níquel bajaron en los años 80, INCO abandonó Fenix, no sin antes supuestamente verter aguas residuales contaminadas en el lago Izabal, amenazando así la industria pesquera local.

Los precios del níquel volvieron a subir a principios de los 2000, lo que dio lugar a nuevas explotaciones mineras y a una serie de conflictos con las comunidades locales. Además de reportar la continua contaminación del lago, los lugareños denunciaron el desalojo de sus casas para dar cabida a nuevas operaciones mineras, pero también violaciones y acoso por parte de los guardias de seguridad de la mina. Una de las presuntas responsables de cometer estas y otras atrocidades fue la empresa canadiense Hudbay Minerals, que adquirió la licencia para reiniciar las operaciones de la mina Fenix en 2004.

La mina volvió a cambiar de manos en 2011. La empresa suiza Solway Investment Group inició sus operaciones a través de una subsidiaria llamada Compañía Guatemalteca de Níquel (Guatemala Nickel Company).  

Las tensiones entre los operadores mineros y las comunidades, alimentadas por la falta de respuesta del gobierno a sus reclamos, llegaron a su punto más álgido en mayo de 2017, cuando un pescador local de El Estor organizó una protesta pacífica contra la contaminación del lago.

El 27 de mayo de 2017, unos 150 manifestantes bloquearon el acceso a la mina. Entre 30 y 50 policías antidisturbios respondieron disparando gas lacrimógeno y generando confusión. La policía supuestamente disparó contra los manifestantes, matando a Carlos Maaz Coc, de 27 años de edad y padre de un hijo, que dependía de la pesca para poder alimentar a su familia. Dos años después, nadie ha sido responsabilizado por su muerte.

Según una declaración de expertos de la ONU, incluido el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, el asesinato de defensores del medio ambiente en Guatemala no es algo inusual. 26 defensores de derechos humanos -muchos de ellos indígenas- fueron asesinados en Guatemala en 2018. Muchos de ellos estaban alzando la voz por sus comunidades ante los abusos de las empresas.

“Nos preocupa que la frecuencia y la gravedad de estos ataques puedan tener efectos dominó en toda la población, enviando el mensaje de que la defensa de los derechos humanos tiene consecuencias peligrosas, especialmente si se tiene en cuenta que estos delitos a menudo quedan impunes”, dijeron los expertos de la ONU en el comunicado.

Tras la muerte de Carlos, la comunidad exigió que el gobierno y el dueño de la mina asumieran la responsabilidad. Sus demandas fueron atendidas con la cárcel. 

Cuatro miembros de la asociación de pescadores y otros seis pobladores locales, entre ellos dos reporteros, fueron acusados de instigar la violencia y de manifestarse ilegalmente. Dos de los detenidos fueron liberados después de pasar varias semanas en prisión, pero un pescador ha estado en la cárcel, en espera de juicio, desde julio de 2018. 

En enero de 2019, un juez guatemalteco decidió procesar a tres de los miembros de la asociación de pescadores y a uno de los periodistas. Dio pocas explicaciones sobre su decisión y falló a favor de la empresa, a pesar de que la fiscalía había pedido que se desestimara el caso por falta de pruebas.

Hubo una pequeña victoria en febrero para los pescadores cuando el la Corte de Constitucionalidad del país decidió que la licencia de la compañía minera había sido inicialmente obtenida ilegalmente al no haber consultado a las comunidades afectadas. Ahora la empresa debe consultar con ellos, lo que probablemente provocará más tensión y nuevas disputas.

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